Los compradores protestan porque no pueden recuperar su dinero; la norma obliga a reintegrarlo si hay incumplimientos
Con los precios de la vivienda a la baja y el Euríbor por las nubes, los clientes prefieren ahora recuperar su inversión y ver si con ella pueden hacer una compra mejor.
Pero muchos de los que han ido a reclamar el dinero se han encontrado con una noticia desagradable. No sólo los clientes de Martinsa-Fadesa, que tras la suspensión de pagos de la primera inmobiliaria española han comprobado con estupor que la empresa de Fernando Martín se había saltado en muchos casos la obligación legal que tienen las empresas de formalizar un aval por cada cantidad recibida. Es que además están aumentando las quejas por los problemas que ponen las entidades financieras para devolver las cantidades entregadas.
El Banco de España reconoce que es la primera vez que recibe protestas por este motivo, y que su servicio de reclamaciones hará público el próximo mes de septiembre un informe desfavorable contra alguno de los bancos afectados. "Todavía estamos resolviendo los casos, pero la memoria concluirá que algunos bancos no han actuado con diligencia", añaden fuentes del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
"Llevo más de tres semanas intentando que mi banco ejecute el aval por los 50.000 euros que adelanté para una plaza de aparcamiento que no he recibido en el plazo acordado. Todo lo que he encontrado en el banco son técnicas dilatorias". Quien habla es Pedro Echevarría, un madrileño que se fio de la utilidad del cambio legislativo que obligaba a las empresas a avalar el dinero que recibían a cuenta.
"La idea de esta normativa era dar seguridad a las compras sobre plano. El problema es que nadie preveía que con la crisis actual tantas inmobiliarias se quedarían sin dinero para pagar a los constructores; y que seríamos tantos compradores los que reclamaríamos la devolución. En el Banco de España me han dicho que han recibido muchas quejas parecidas y que lo único que podía hacer era demandar a mi banco. O eso, o montar un escándalo en la sucursal", asegura Echevarría.
El supervisor bancario, que rechaza detallar cuántas reclamaciones ha recibido en los últimos meses, es categórico a la hora de precisar en qué casos los bancos no pueden negarse a pagar: "La entidad bancaria tiene que preguntar a la promotora si ha incumplido algún punto del contrato, como los plazos de entrega. En caso afirmativo, la ejecución del aval tiene que ser automática". En cambio, si no hay incumplimiento, no hay obligación de devolverlo.
Fuentes del Banco de España citan casos en los que el banco o cajas de ahorros no se han puesto en contacto con las inmobiliarias para comprobar si el incumplimiento es real; y otros en los que no han actuado con la rapidez suficiente. Este periódico no pudo encontrar durante la semana pasada a ningún responsable de Asociación Española de la Banca que diera su versión.
La crisis del ladrillo late en el fondo de este fenómeno. Y es que si las asociaciones de consumidores reciben cada vez más quejas relacionadas con el dinero adelantado es porque ahora compensa que lo devuelvan. "Antes, la primera interesada en ejecutar el aval era la inmobiliaria. Tenía montones de personas a las que le podía vender el piso a un precio superior. Los consumidores aguantaban los retrasos y lo normal era un periodo de gracia de tres meses. Ahora las tornas se han dado la vuelta", explica un portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios.
Entretanto, los compradores reclaman ahora un dinero que les pertenece, pero se resiste a volver a su bolsillo. Como Pedro Echevarría. "Lo último que me han dicho en la oficina del banco es que su cliente es el promotor, no yo. Y ya no sé qué hacer", concluye.
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