Sindicatos piden un plan de formación y recolocación para los trabajadores que salgan de la empresa
Martinsa-Fadesa ha elevado hasta los 28 días por año trabajado la indemnización a los 234 trabajadores a los que afectará el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha presentado, el 26% del total de su plantilla, informaron en fuentes de UGT.
Los sindicatos siguen rechazando esta compensación, pese a que supone una mejora respecto a los 25 días por año inicialmente propuestos por el grupo inmobiliario controlado y presidido por Fernando Martín, que ha solicitado concurso de acreedores.
Así, empresa y representantes de los trabajadores han acordado dar por cerradas las negociaciones sobre el ajuste de plantilla por esta semana y reanudarlas el próximo martes, día 29. De esta forma, la compañía contará con tiempo para sopesar si mejora su propuesta. Los sindicatos solicitan desde un primer momento 45 días por año trabajado para los empleados afectados por el ajuste de Martinsa.
Los representantes de los trabajadores reivindican que los despidos se realicen de forma no traumática, esto es, a través de bajas y prejubilaciones, y que vayan acompañados de planes de formación y de recolocación de los afectados en empresas del sector.
Los sindicatos piden también un plan de viabilidad para la empresa, con el fin de garantizar los puestos de los trabajadores que permanezcan en la compañía.
Los representantes de los trabajadores tienen como objetivo alcanzar un acuerdo con la empresa sobre el ERE de Martinsa-Fadesa con la confianza de que el juez que dicte el concurso de la inmobiliaria posteriormente lo respete.
Los sindicatos consideran que genera cierta ‘incertidumbre’ en el proceso de negociación el hecho de no saber si el Ministerio de Trabajo contará con competencias para pronunciarse sobre el ERE.
UGT transmitió la voluntad de todos los sindicatos de proseguir la negociación con la empresa, bien para que lo resuelva Trabajo o, en caso contrario, para que el juez del concurso lo tome en consideración en el momento en que se declare la suspensión de pagos.
Le crecen los enanos
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander ha anulado las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Piélagos a la promotora Martinsa-Fadesa para la construcción de 122 viviendas dentro del Plan Parcial del Alto del Cuco, un plan anulado hace ya más de un año por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y pendiente ahora del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo.
Según explicó el presidente de la asociación ecologista ARCA, Gonzalo Canales, la anulación de licencias conlleva la demolición de las viviendas, que ya estaban en parte construidas antes de la paralización de las obras acordada por el TSJC tras la anulación del Plan Parcial.
Las sentencias, primeras de anulación de licencias dentro del Plan Parcial del Alto del Cuco, no son todavía firmes, porque cabe recurso. Por ello, la asociación esperará a que lo sean para pedir entonces la correspondiente aclaración de sentencia que especifique que su ejecución implica la demolición de lo construido.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado en total cuatro sentencias en las que anula otras tantas licencias concedidas a Fadesa para levantar 122 viviendas, en concreto, 22 viviendas con garajes y trasteros en la parcela VC1, otras 28 en la VC5, 43 viviendas unifamiliares adosadas en la parcela VH3 y otros 29 adosados en la VC5, todas ellas dentro del sector 2 del Plan Parcial del Alto del Cuco.
En las sentencias, fechadas el pasado 26 de junio y difundidas por ARCA, que fue quien solicitó la anulación, el Juzgado explica que adopta su decisión ‘por pura coherencia y congruencia’ con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que anuló ya en marzo de 2007 el Plan Parcial, ratificada después por otra sentencia de la misma sala y pendiente de recurso en el Supremo.
Recalca que las licencias de las viviendas se concedieron ‘con base en un Plan Parcial’ que, a día de hoy y a la espera de la resolución del recurso, está ‘anulado judicialmente’, por lo cual las licencias son ‘de imposible concesión’.
La petición de la anulación de licencias había sido formulada por la asociación ecologista ARCA, al entender que, al igual que ocurría en el Plan Parcial, la clasificación del suelo como urbanizable era ‘ilegal’.
También alegaba la asociación que la urbanización rompe con la armonía del paisaje, incumple la normativa sobre barreras arquitectónicas, no respeta las dotaciones mínimas y las edificaciones están dentro de la banda de 250 metros en la que el Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos prohíbe la edificación y las obras de urbanización.
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