Las promotoras inmobiliarias han optado por buscar medidas capaces de estimular la compraventa de vivienda, en lugar de pedir ayudas para las empresas.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha elaborado un decálogo de actuaciones encaminadas a mitigar el efecto del alza de tipos en las economías domésticas y a devolver al comprador la confianza en el mercado.
Así, reclaman al Ejecutivo que, dado que el euríbor no deja de dar disgustos, debería garantizarse por ley a los propietarios de una vivienda protegida (VPO) que el tipo de interés aplicable a su préstamo se mantenga estable durante un periodo determinado (el presidente del Gobierno dijo ayer que el Ejecutivo trabaja en 'alguna medida' para paliar la subida de las hipotecas).
En esta línea, piden actualizar al menos con el IPC, durante tres años, las bases de aplicación de la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, fijadas en 1998 en 9.015 euros.
Asimismo, solicitan a Hacienda que el titular de un préstamo hipotecario por adquisición de su vivienda habitual pueda ver cómo se reducen las retenciones fiscales por IRPF que le aplica la empresa para la que trabaja, con el propósito de aumentar su liquidez.
Como estímulo adicional a la compra de vivienda, los promotores plantean la creación de una nueva deducción temporal, aplicable un máximo de cinco años, para beneficiar a quienes compren una segunda o sucesiva residencia y la cedan en arrendamiento.
Sin dejar los impuestos, también reivindican una nueva regulación de la fiscalidad de la rehabilitación de viviendas, de modo que el promotor de este negocio pueda tener derecho a deducirse el IVA que paga por todas las actividades sobre el edificio objeto de reforma.
Las empresas creen que de este modo se estimularía la rehabilitación integral de barrios enteros en las grandes ciudades, una actividad que contribuiría a frenar la destrucción de empleo.
Por último, desde el sector se advierte que buena parte de estas medidas, así como la puesta en el mercado de suelo suficiente para la construcción de 150.000 VPO anuales no serán efectivas, si no cuentan con la complicidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, por lo que urgen a la consecución de un gran pacto de Estado.
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