Se modifica para adaptarse al derecho comunitario y pretende facilitar el acceso de más empresas a los concursos
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de octubre, entrará en vigor mañana, uno de mayo, con el recelo de algunos organismos del sector.
La patronal de las grandes constructoras, Seopan, considera que la nueva norma ralentizará la licitación de obra pública. El ajuste de los pliegos de contratación de las obras a la nueva ley es, según Seopan, lo que retrasará las licitaciones durante varios meses. Esto sumado al parón que supone la formación de un nuevo Gobierno hacen que Seopan 'no se oponga' a aplazar la entrada en vigor de la ley. Asimismo, la patronal de las medianas constructoras (Anci) ha pedido al Gobierno que prorrogara hasta el día uno de enero de 2009 la entrada en vigor de la nueva Ley, con el objetivo de acelerar las licitaciones.
La nueva ley pretende introducir en la normativa las exigencias del derecho comunitario respecto a la mejora de la participación en la subcontratación de pymes y el establecimiento de más competencias en la licitación y la contratación pública, para facilitar el acceso de más empresas a los concursos.
La normativa también introduce la subasta electrónica en la contratación de obra pública. Para la patronal de las constructoras de obra pública (Aerco), esta medida podría formentar la presentación de ofertas anormalmente bajas.
La Ley de Contratos impedirá a las Administraciones Públicas contratar personal en las empresas de trabajo temporal (ETT), salvo que sea de forma eventual para hacer encuestas, tomar datos o servicios similares, y también a las empresas filiales de un grupo, participar en un mismo contrato de concesión de obras públicas estatales aunque, si estas empresas se fusionan antes de que concluya el plazo de las candidaturas u ofertas del concurso podrán mantener una oferta común. Sin embargo, las compañías de un mismo grupo pueden optar a las adjudicaciones, aunque si se determinara que presentan ofertas con un presupuesto anormalmente bajo o exagerado que no se pudiese justificar, serían excluidas de concurso.
La preferencia de organizaciones de comercio justo en la adjudicación de contrato, siempre que las ofertas igualen a la más ventajosa del proceso, o la posibilidad de reservarse la participación de centros especiales de empleo en las licitaciones cuando al menos el 70 por ciento de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad, son algunas de las novedades que introduce la nueva norma. La protección del medioambiente, el empleo y la prevención de riesgos laborales serán materias exigidas por la Administración en las ofertas que realicen los candidatos.
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