La falta de formación de funcionarios y empresas por la falta de tiempo y la inexistencia de un reglamento definitivo que desarrolle todos los aspectos de la ley son los principales riesgos del nuevo texto legal
Néstor Turró, presidente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas: “lo más óptimo para el sector y para el conjunto de la economía del país sería una aplicación prudente de la normativa”
El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas alerta que la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público, prevista para el próximo 30 de abril, puede significar un freno de las licitaciones por parte de las distintas Administraciones Públicas. Aspectos como la falta de adaptación de los pliegues al nuevo marco legal, la inexistencia, en estos momentos, de un reglamento que desarrolle la ley en su totalidad y el escaso tiempo de que dispondrán los funcionarios y las empresas para formarse, constituyen los principales elementos de incertidumbre del nuevo régimen.
El presidente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas, Néstor Turró, afirma que “lo más óptimo para el sector de la construcción y para el conjunto de la economía del país sería una aplicación prudente y meditada de la normativa, especialmente en lo relativo a la licitación de alcance municipal”. La obra pública constituye en la actualidad el segundo segmento de negocio de la construcción en España y representa más de un 30% de la producción del sector.
Impulso de la licitación pública
El Gremio de Constructores considera que la coyuntura que vive el sector, con una reducción evidente de la obra residencial, exige una apuesta decidida por parte de todos los agentes implicados por el impulso de la obra pública y las actividades de rehabilitación y mantenimiento de edificios. Desde este punto de vista, para el presidente del Gremio, “la situación obliga a no precipitarse y a valorar las consecuencias que podría tener una reducción del ritmo de licitación pública”.
Turró añade que “no nos podemos permitir que la obra pública, que debe ser uno de los principales motores del sector de la construcción en la etapa actual, sufra una paro por causa de las incertidumbres que genera la nueva ley o como consecuencia de un problema administrativo, como es la falta de adaptación de los pliegues al nuevo texto legal”.
La ley de Contratos del Sector Público, publicada el 31 de octubre del 2007, sustituirá al actual Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con el objetivo de incorporar al ordenamiento español en esta materia los requerimientos de las directivas comunitarias.
Necesidad de formación
Algunas de las novedades que aporta el nuevo régimen son, al margen de la introducción de nuevas fórmulas contractuales y la elevación de los umbrales económicos de contratación, la introducción de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, la obligación de elaborar nuevas fórmulas de revisión de precios y la modificación del régimen de subcontratación en la contratación pública por la necesidad de notificación previa, la aplicación del silencio administrativo y por el porcentaje permitido. “Estas y otras novedades exigen dedicar grandes esfuerzos de formación a las personas que gestionen contratos públicos y que elaboren los pliegues”, explica Néstor Turró.
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