El volumen de ingresos que el Estado dejará de percibir por los beneficios fiscales relacionados con la vivienda --cerca del 80% del gasto en políticas de vivienda-- alcanzará los 6.868 millones de euros, un 53,8% más que los 4.464,5 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008, según un estudio elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CC.OO.
Este desfase en los cálculos se explica, según el sindicato, porque la previsión del Ejecutivo no refleja ‘correctamente’ una serie de deducciones y reducciones fiscales para inquilinos y propietarios y la desgravación por compra de vivienda habitual.
Así, el estudio afirma, por ejemplo, que, a la vista de la evolución del precio de la vivienda, de la cifra de viviendas adquiridas y de los tipos de interés, ‘no es nada descabellado estimar que el coste real de la deducción por compra de vivienda en 2008 alcanzará un mínimo de 6.277,5 millones’, lo que supone un 48% más que los 4.277,5 millones presupuestados.
Asimismo, CC.OO. estima que el Estado dejará de ingresar 287 millones de euros (+24%) por la reducción para propietarios de viviendas en alquiler, en lugar de los 231,5 millones presupuestados, mientras que tendrá que hacer frente a 348 millones de euros por deducción en el alquiler de los inquilinos, que ni siquiera aparece en el capítulo de gasto estatal en políticas de vivienda.
Sin embargo, el estudio coincide con las cuentas anuales en el coste de los beneficios relacionados con el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las empresas arrendadoras de viviendas, fijado en 5,6 millones de euros.
CC.OO. considera de gran importancia este desfase en las cuentas, ya que el gasto fiscal del Estado en vivienda supone cerca del 80% del gasto total en políticas de vivienda.
Además, los cálculos de los recursos estatales dedicados a ayudas directas tampoco cuadran. Según el sindicato, el coste derivado de la aplicación del Plan Nacional de Vivienda (PEV), la renta básica de emancipación y el resto de programas ascenderá a 1.805,5 millones de euros, un 31,8% más que los 1.369 millones presupuestados.
Teniendo en cuenta estos cálculos, sumando gastos fiscales y directos, el coste total de las políticas de vivienda ascendería a 8.673,5 millones de euros en 2008, un 48,6% superior a la cantidad presupuestada para este año, de 5.833,5 millones de euros.
Por otro lado, CC.OO. asegura que este esfuerzo fiscal obtiene resultados ‘contrarios’ a los que persigue. Así, explica que los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler son un ‘mecanismo injusto’ porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto en vivienda.
Asimismo, dice que son un ‘mecanismo ineficiente’ porque tienen un efecto inflacionista sobre el coste de la vivienda, ya sea en compra o en alquiler, al suponer una transferencia de las rentas desde los PGE, ‘pagados por todos’, a los propietarios, que se apropian de esas ayudas vía incremento del precio.
Desde CC.OO. se realiza, además, un duro ataque a las políticas de vivienda articuladas por el Gobierno a lo largo de la legislatura, que resume como ‘un 'quiero y no puedo' salpicado de espectaculares anuncios mediáticos que, de momento, no han dado resultados positivos’.
En esta línea afirma que la política de vivienda desarrollada en los últimos cuatro años ‘se ha visto más caracterizada por publicitarios anuncios, que en el mejor de los casos, anticipaban con mucha antelación las hipotéticas actuaciones a realizar’.
‘Es decir se han vendido hoy como solución y éxito inmediato medidas y propuestas que se desarrollarán y aplicarán en el futuro, y cuyo resultado final es todavía una incógnita’.
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