La ministra de Vivienda, Carmen Chacón, aseguró que ni el Gobierno ni los ayuntamientos españoles van a permitir que el ‘drama silenciado’ del acoso inmobiliario ‘quede impune’ en España, y calificó estas prácticas como la ‘expresión lamentable de la voracidad’ de una ‘minoría’ de promotores inmobiliarios.
Carmen Chacón hizo estas declaraciones durante la firma de los convenios para la puesta en marcha de una experiencia piloto para luchar contra el acoso inmobiliario en diez ayuntamientos de España, los primeros que se han sumado a la iniciativa: Hospitalet de Llobregat, Gijón, Denia, Fuenlabrada, La Coruña, Vitoria, Córdoba, Getafe, Elche y Las Palmas.
La ministra anunció que los ayuntamientos de Valladolid, Murcia, Zamora, Badajoz y Málaga ya han mostrado su interés por sumarse a esta experiencia y en este sentido expresó su confianza en que esta cifra aumente en los próximos días.
‘Evaluaremos bien prontamente la eficacia de esta medida, pero con toda seguridad seremos capaces de extenderla a muchos otros municipios’, señaló Chacón.
Los convenios suscritos se enmarcan en el compromiso adquirido entre la ministra Carmen Chacón y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos contra el acoso inmobiliario desde el pasado mes de diciembre.
El Ministerio de Vivienda ha habilitado desde el pasado lunes el teléfono gratuito 900.900.707 de atención ciudadana, que contará con personal especializado para atender en primera instancia a los afectados por estas prácticas, principalmente personas mayores, con toda la información necesaria sobre cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer ante los acosadores.
‘Es una medida sencilla, pero eficaz, ya que la primera solución a los problemas cotidianos de la gente en muchos casos está en tener a alguien a quien explicar su problema’, aseguró Chacón.
Los ayuntamientos adscritos al programa tomarán en cuenta las denuncias efectuadas por los ciudadanos víctimas de acoso inmobiliario y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso lo requiera y se encuentre dentro del ámbito de su actuación.
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