El Gobierno responde de esta manera a los requerimientos de incompetencia presentados por Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana contra la Renta Básica de Emancipación.
Destaca que la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 186/1988) señala que "la ordenación general de la economía hace posible la intervención del Estado a través de medidas económicas en sectores materialmente atribuidas a la competencia de las CCAA".
Así, en tres acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo afirma que el TC legitima la intervención estatal en el sector de la vivienda cuando declara que "el sector de la vivienda y, más concretamente, dentro del mismo, la actividad promocional, pueden enmarcarse dentro de las facultades de dirección general de la economía que al Estado atañen".
Estas alegaciones vienen a responder a los recursos planteados por las tres comunidades autónomas, que ven en las ayudas de 210 euros al alquiler para jóvenes de entre 22 y 30 años una invasión de sus competencias en materia de vivienda.
El Gobierno considera, por el contrario, que "resulta patente" la legitimidad de esta medida. Más aún, matiza que la necesidad de garantizar las mismas posibilidades al acceso de ayudas por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al mismo tiempo que se sobrepase la cuantía de los fondos estatales destinados a esta medida, legitima la asunción por parte del Estado de funciones ejecutivas en su otorgamiento.
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