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24/07/006

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Las promotoras no podrán trasladar impuestos ni tasas a los compradores de pisos

 El Gobierno carga contra los "abusos" de las promotoras y constructoras

También quedará prohibido el cobro de penalizaciones a aquellos propietarios que financien la compra con otro sistema diferente al que ofrece el promotor.

El Gobierno actuará contra estas 'prácticas “abusivas' que distorsionan el mercado de la vivienda. Y lo hará para controlar este tipo de comportamientos en el sector de los promotores y de las inmobiliarias.

La reforma legal en la que el Ejecutivo incorporará sus nuevos controles será el proyecto de reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores. Una norma en la que se recogerá la nueva prohibición para las empresas del sector de intentar obligar al comprador a subrogarse en la hipoteca del constructor o promotor de la vivienda. Igualmente se prohibirá a la compañía la imposición de penalizaciones dentro de los contratos de compra venta para los supuestos en los que el consumidor decida rechazar el crédito ofrecido por la inmobiliaria.

Tanto este hecho, como el intento de trasladar costes extra hacia el comprador, serán cuestiones catalogadas de prácticas abusivas y, por lo tanto, se rechazará su validez. De este modo, también se perseguirá otro tipo de comportamiento: el consistente en imponer al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto obligado al pago sea el vendedor.
Esta situación de traslado del pago fiscal se ha detectado principalmente con el impuesto local conocido como la plusvalía municipal y con diversas tasas, principalmente locales, que las empresas inmobiliarias traspasan a los compradores de vivienda incluyendo su abono en el pago final del piso.

La reforma también impedirá las cláusulas contractuales que exijan al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad. Entre estos suministros se encuentran la electricidad, agua y gas.

Todos estos cambios deberán ser aprobados por el Parlamento, según los planes iniciales del Gobierno, antes de finalizar el presente ejercicio.

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