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01/06/011

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Proposición de ley para volver a elevar hasta los 35 años el límite de edad de los arrendatarios

 El PP llevará esta proposición al Pleno del Congreso de los Diputados, que permitiría aplicar al arrendador la reducción del 100% de los rendimientos del capital inmobiliario a efectos de su tributación en el IRPF

El PP llevará al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que plantea volver a elevar hasta los 35 años el límite de edad de los arrendatarios de inmuebles que permite aplicar al arrendador la reducción del 100% de los rendimientos del capital inmobiliario a efectos de su tributación en el IRPF.

La portavoz Soraya Sáenz de Santamaría ha justificado la propuesta ante las dificultades de emancipación que encuentran los jóvenes por la precariedad de su empleo y la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios que la escalada del euríbor acerca a niveles de 700 u 800 euros mensuales.

En la exposición de motivos de la iniciativa los 'populares' recuerdan que los Presupuestos Generales del Estado para 2011 reducen a 30 años este umbral. Si la edad del inquilino supera este umbral, que el PP quiere elevar en 5 años, el rendimiento neto calculado para el IRPF se reducirá en un 60%.

La iniciativa precisa además que el arrendatario deberá comunicar anualmente al arrendador, en la ‘forma que reglamentariamente se determine’, el cumplimiento de los requisitos para permitir esta deducción. Cuando haya varios inquilinos, la deducción se aplicará sobre la parte del rendimiento neto que proporcionalmente les corresponda.

El PP justifica esta propuesta porque la ‘brusca caída’ de la recaudación es un ‘problema estructural’ que no se puede combatir con ‘medidas propagandísticas’ destinadas a ocultar los ‘importantes recortes en el gasto social’ y las ‘subidas adicionales’ de impuestos que recaerán sobre las rentas medias.

Esta iniciativa complementa otras presentadas por el PP en materia de vivienda en los últimos días, entre las que destaca la recuperación de la deducción fiscal por inversión en adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para todos los contribuyentes, después de que el Gobierno la mantuviera sólo para las bases imponibles inferiores a 24.107,20 euros anuales.

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