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25/03/009

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El Gobierno aprueba cambios para agilizar los trámites en la Renta Básica de Emancipación

 El nuevo Real Decreto desarrolla la alternativa del pago de los arrendamientos mediante la domiciliación del recibo por cargo en cuenta

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Vivienda, la modificación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación con el objeto de mejorar y agilizar la tramitación de las ayudas.

Asimismo, Beatriz Corredor ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el funcionamiento de esta subvención, que nació para facilitar la emancipación de los jóvenes y dinamizar el mercado de alquiler en nuestro país, objetivos que, en buena medida, se están cumpliendo. Cerca de 100.000 jóvenes de todo el país perciben ya la Renta Básica de Emancipación según el avance de datos del primer trimestre del año.

La experiencia acumulada en los catorce meses de vigencia demuestra la conveniencia de realizar ciertas modificaciones que faciliten la gestión de la ayuda. Algunas de ellas han sido solicitadas por las propias Comunidades y Ciudades Autónomas para agilizar la tramitación que realizan.

Uno de los aspectos fundamentales que han motivado este nuevo Real Decreto es la ampliación de las modalidades de pago admitidas. Desde la puesta en funcionamiento de la ayuda se estableció un sistema de control del pago del alquiler por el beneficiario basado en la transferencia bancaria que éste efectuaba al arrendador. Con posterioridad, el Ministerio aceptó la modalidad del pago mediante cargo en cuenta, cuya diferencia es que no son las entidades de crédito las que lo ordenan, sino el gestor del alquiler, que lo cobra mediante recibo. Este Real Decreto desarrolla la alternativa del pago de alquileres mediante domiciliación de recibos por cargo en cuenta.

Las modificaciones introducidas también aclaran algunos términos cuya interpretación había generado dudas. Así sucede en relación con el de "fuente regular de ingresos" o con el momento en que se devenga la ayuda a quienes hubieran obtenido el reconocimiento provisional del derecho.

Asimismo, se introducen novedades en el plazo de solicitud de las ayudas para el aval y la fianza, estableciéndose un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato, salvo que las Comunidades Autónomas establezcan un plazo inferior.

Balance de gestión
El informe presentado hoy por la ministra de Vivienda incluye un análisis sobre la evolución de la RBE desde su entrada en vigor en enero de 2008. Así, las ayudas diseñadas y financiadas por el Ministerio de Vivienda están teniendo una elevada aceptación entre los jóvenes, como lo demuestran las más de 220.000 solicitudes presentadas, las 155.000 resoluciones favorables de las Comunidades y Ciudades Autónomas y los casi 100.000 pagos ordenados, hasta el momento, por el Ministerio. Los datos completos acumulados hasta el primer trimestre del año serán publicados a primeros de abril, según el calendario establecido.

La diferencia entre resoluciones favorables y pagos obedece a la complejidad propia de la ayuda y a los exhaustivos controles establecidos para evitar errores y fraudes.

La tramitación administrativa y económica de la ayuda combina dos elementos muy dinámicos: jóvenes y alquiler, lo que requiere pagos y comprobaciones masivas con periodicidad mensual, la resolución de numerosas incidencias y articular un procedimiento en que participan siete sujetos distintos: solicitante, Administración autonómica, entidad de crédito, Ministerio de Vivienda, Agencia Tributaria y Agencias Forales, Seguridad Social y Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Así, el Ministerio ordena el pago de la renta a los jóvenes con resolución positiva una vez que se ha verificado que los inquilinos han abonado su alquiler y están al corriente de todas sus obligaciones administrativas y fiscales.

El Ministerio de Vivienda está adoptando una serie de medidas para agilizar más la gestión de los pagos, tales como el Real Decreto aprobado hoy, la modificación de los convenios con las entidades de crédito para facilitar la transmisión de información, el refuerzo de medios personales y tecnológicos o la mejora de la información presencial, telefónica y telemática a los interesados.

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