- Hace unas semanas fue noticia la sanción, por parte de la Comunidad de Madrid, a un número muy notable de empresas inmobiliarias por prácticas fraudulentas en la venta de inmuebles. ¿Cuál es su opinión sobre estas prácticas en comparación a la forma de hacer de hace unas décadas?
- Mi opinión es que el fraude inmobiliario tiene múltiples formas, que van desde la publicidad engañosa, a la ocultación de información relevante para el bien de la transacción, pasando por las prácticas especulativas de sobreprecio que se están reflejando incluso en los préstamos hipotecarios. Hay menos prevención que antes y las sanciones no son, en absoluto, disuasorias, porque llegan tarde y no resuelven el problema del ciudadano, que es la recuperación de su dinero o la entrega de su vivienda.
-Los agentes inmobiliarios, en muchos casos, son personal contratado por las empresas inmobiliarias, luego, parece difícil que sean imparciales y velen por igual por los intereses de las partes en una operación de compra-venta ¿De qué forma interviene el Colegio en el control de la gestión de sus colegiados?
- La pregunta no se ajusta a la realidad. La inmensa mayoría de los API son profesionales por cuenta propia, que basan su actividad en la confianza que generan en los ciudadanos. Si actuaran de forma parcial, a favor del comprador o del vendedor, o en interés propio, ese agente se estaría suicidando profesionalmente. Además, si el API propone un negocio desequilibrado, simplemente lo está frustrando. Los API, aunque actúen por encargo de una empresa inmobiliaria, conservan siempre la obligación deontológica de atender por igual a todas las partes de la operación, y si no lo hacen, incurren en una falta de disciplina.
Copyright© 2007 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547
