El Consejo General de Colegios Oficiales de API estudia plantear su denuncia ante las instancias europeas
Prudencio Gómez ocupa el cargo de Presidente del Consejo General de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) desde el 7 de julio de 2000. Asumió este cargo en un momento complicado, ya que pocos días antes el Gobierno había hecho público un decreto por el que se liberalizaba la actividad de intermediación en transacciones inmobiliarias.
La publicación del Real Decreto-Ley 4/2000 de 23 de junio, por el que el Gobierno establecía medidas liberalizadoras en el sector inmobiliario, puso en pie de guerra a los agentes de la propiedad inmobiliaria, para quienes esta disposición suponía deslegalizar su actividad profesional.
- ¿Qué ha ocurrido finalmente con el decreto y posterior tramitación del Proyecto de Ley sobre la liberalización de la actividad mediadora en las operaciones inmobiliarias?
- El Real Decreto Ley 4/2000 está vigente desde el 25 de junio del pasado año, y el proyecto de ley que acordó tramitar el Congreso sigue en la Comisión de Infraestructuras. Por tanto, las cosas no han cambiado desde el punto de vista legislativo.
- Ustedes afirmaron a finales del año pasado que denunciarían estas medidas del Gobierno ante las instancias europeas. ¿Qué respuesta han obtenido?
- La denuncia ante las instituciones comunitarias está en estudio. Ha sido encargada a uno de los principales despachos jurídicos de este país, y confiamos en tener pronto un dictamen. nuestra opinión como Corporación que representa a los API es que el gobierno español ha roto la política general europea de defensa del consumidor.
- ¿Cuál es la situación legal actual de los API?
- Actualmente los API siguen siendo los únicos profesionales a los que el Estado español ha concedido un título oficial para la mediación inmobiliaria. El RDL 4/2000 no ha modificado este extremo, aunque ahora cualquier persona puede ser intermediaria en el mercado de inmuebles. Los Colegios Oficia-les de API siguen respaldados legalmente y dando servicio a sus colegiados, y también amparando a los ciudadanos. Desde luego, el RDL ha hecho daño a la profesión, pero mucho más a la sociedad.
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